Más de 11.400 inmigrantes han llegado a las costas de Canarias en los diez primeros meses de este año. El flujo de extranjeros que proceden de África se ha disparado un 664% con respecto a 2019, unos datos que ha llevado ya a rebautizar a las islas como la “nueva Lampedusa” de Europa, por el drama humanitario generado.
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Lo cierto es que tanto las autoridades locales como las entidades sociales, entre ellas la Iglesia, se encuentran desbordadas para responder a esta emergencia. Ni las carpas instaladas en los puertos ni los hoteles cedidos por los empresarios son suficientes para poder atender con una mínima dignidad a quienes han sobrevivido a la travesía en patera.
Un problema que se diluye
Tampoco parece haber una respuesta coordinada desde el Gobierno central para facilitar los traslados a la Península, y las expulsiones están paralizadas por la pandemia, que, por su gravedad, está contribuyendo a diluir la magnitud del problema ante la opinión pública. Una vez más, la realidad destapa la ausencia de una mínima política migratoria común, la falta de recursos públicos y la incapacidad de la sociedad para conjugar en presente al menos uno de estos verbos: acoger, proteger, promover e integrar.