El Congreso de los Diputados aprobó, el pasado 18 de enero, la reforma del artículo 49 de la Constitución, para eliminar la expresión “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos” y sustituirla por “personas con discapacidad”. Esta modificación es la primera de contenido social de la Carta Magna que se adapta en forma y fondo a la realidad actual y a la terminología internacional. La proposición fue aprobada por 312 votos a favor, lo que supone un acuerdo inédito de casi todas las fuerzas políticas, ya que solo votaron en contra, de forma injustificable, los 32 diputados de Vox.
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Retirar el término “disminuidos” va más allá de un cambio léxico para no ofender a un colectivo. Supone reconocer la dignidad de todos y cada uno, una defensa del derecho a la vida que rompe con la concepción utilitarista del ser humano.
Un gran logro
Como expone Marisol García, presidenta de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad (FRATER), “no podemos encerrar las posibilidades de cada uno en unas palabras”. La Iglesia, que abandera los derechos de los más vulnerables, no puede sino felicitarse por que todas las capacidades sean reconocidas, por fin, de hecho y de derecho.