La crisis inflacionista castiga el bolsillo de todos los ciudadanos y se ceba con los más vulnerables. Lo ha objetivado Cáritas Española, a través de un informe de la Fundación FOESSA, que certifica que tres millones de hogares se hunden en la pobreza severa cada mes tras pagar los recibos de los suministros básicos y de la vivienda. Es más, hasta seis millones de personas se han tenido que privar de alimentos por la subida imparable de los precios.
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Este escenario nada halagüeño consolida, además, la tesis de la plataforma eclesial que viene advirtiendo desde hace años que contar con un contrato de trabajo no garantiza ni mucho menos llegar a fin de mes.
Mientras la clase política se enreda en otros menesteres no menos relevantes, parece olvidar la lenta asfixia que padecen las familias y las más que razonables y asumibles propuestas de Cáritas Española, como aumentar las viviendas sociales en alquiler, reducir la temporalidad de los contratos y mejorar el acceso al Ingreso Mínimo Vital. Pero a la vista está que buscar la manera de que los últimos puedan pagar sus facturas, renta menos electoralmente que alimentar la polarización.
