Solo en un fin de semana ha sido rescatados en la costa andaluza más de 1.200 migrantes y solo en junio se han recibido más personas que Italia, Malta y Grecia juntas. La alarma ante la falta de medios para atender a cuantos llegan parece solapada por otras preocupaciones políticas prioritarias. Enterrada la memoria solidaria del Aquarius, el Gobierno no parece haber ido más allá para liderar un cambio en la política migratoria europea que pase por dar luz verde a los pasillos humanitarios y acabar con los centros de internamiento. Una vez más, la respuesta se torna un parche, como muestra la propuesta de la Unión Europea de ofrecer un incentivo financiero de 6.500 euros a los países que estén dispuestos a acoger a un inmigrante.
Poner precio al destino de una persona supone un desprecio a su dignidad, pero, sobre todo, una medida que no resuelve este fenómeno global. Mientras Europa echa sus cuentas para irse de vacaciones, las pateras siguen llegando a las playas. Y, lamentablemente, los recursos de los que dispone la Iglesia resultan limitados para hacer frente a una realidad que el Estado y la sociedad prefieren ignorar.
