Los pontificados de Benedicto XVI y Francisco están marcados por la lacra de los abusos sexuales y su incuestionable tolerancia cero. A las innumerables peticiones de perdón a las víctimas, se suman las contundentes medidas adoptadas desde Roma para frenar estos delitos. Pero, al igual que sucede con otras reformas, de poco sirven las premisas vaticanas sin un eco sin fisuras en las Iglesias locales.
A la vista está que se cuentan con los dedos de una mano las diócesis españolas que tienen un protocolo actualizado o una oficina de atención integral para víctimas. Ni tan siquiera se ha elaborado un registro nacional de denuncias o sentencias, bajo el parapeto de la autonomía diocesana, cuando en materia económica sí se han habilitado los canales para coordinar las cuentas y hacer un balance común.
Tampoco las congregaciones pueden sacar pecho. Solo aquellos institutos de vida consagrada que han sufrido en primera persona la lacra, son hoy pioneros en prevención, contando incluso con auditorías externas, tal y como da cuenta Vida Nueva. Y, una vez más, son Cáritas y Manos Unidas, las ONG católicas obligadas a jugar en igualdad de condiciones en el tercer sector, las que presentan las iniciativas más innovadoras.
Los abusos se combaten de frente, con la convicción de que es un atentado contra lo más parecido a Dios que hay sobre la faz de la tierra: un niño. Si no se tiene claro que la víctima es lo primero, se volverá a caer en el error de un corporativismo injustificable que actúa como reactivo ante un mundo hostil. Ante esto cabe preguntarse: ¿cuántos líderes de la Iglesia española han cursado la formación básica planteada por la Universidad Gregoriana? ¿Las comunidades sacerdotales, religiosas o laicales han rezado, trabajado y aplicado la Carta al Pueblo de Dios del Papa? De la respuesta se puede deducir el grado de implicación ante esta crisis.
Hay que ponerse las pilas. Todas. No hay otra opción. No se puede afrontar a medias tintas, mirando de reojo por si alguien osa destapar vergüenzas que se creían selladas. Cada caso no resuelto, encubierto o abordado a medias caerá como una losa mediática, aunque las cifras globales se alejen, a priori, del tsunami de otros países. Porque, por simple estadística, saldrán a la luz más casos y no cabe parapetarse en una manía persecutoria anticlerical.
La Iglesia va unos cuantos pasos por detrás, cuando podría ir a la cabeza. A buen seguro que, en plena vorágine del año académico, se pueden aparcar otras materias de las asambleas plenarias, curias generales, provinciales y diocesanas, claustros educativos, consejos de administración y pastorales o cualesquiera que sean los organismos ejecutivos de las diferentes realidades o movimientos eclesiales. ¿El motivo? Abordar y aplicar los códigos de conducta para promocionar ambientes seguros y la protección del menor. No puede haber ni un colegio, ni una parroquia, ni hospital ni un centro social que funcione hoy sin estas herramientas de trabajo, tan indispensables como un plan de riesgos laborales.
A estas alturas, no vale con concienciarse: se han de implementar acciones concretas con carácter de urgencia y desterrar el pretexto del elefante milenario con dificultades para actualizarse. Los pederastas no entienden de tiempos, el dolor de las víctimas no puede esperar, la Justicia castiga las lagunas y la sociedad –cristianos incluidos– no admite desliz alguno.
Así, la nueva comisión episcopal puede ser un punto de partida en este sentido, pero quedarse en ella es insuficiente, en tanto que, como reconoce su presidente, solo tiene cariz jurídico. Es imprescindible que, o amplíe sus competencias, o se cree otro ente transversal para tratar desde la formación afectiva de los seminaristas a la transparencia estructural, contando con las voces de los psicólogos, poniendo en el centro a las víctimas… Háganse las reformas necesarias, sean canónicas, pastorales, comunicativas… Pero háganse ya. O la voracidad de los abusos devorará a la Iglesia.
