Este mes de diciembre ha traído consigo, no solo la entrada en vigor de la reforma penal del Código de Derecho Canónico, sino también cambios significativos que permiten mejorar los procedimientos ante los delitos más graves o delicta graviora.
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La Santa Sede está poniendo todos los medios a su alcance para clarificar y ofrecer las mayores garantías posibles ante cualquier proceso judicial, especialmente en cuestiones vinculadas a los abusos de poder, conciencia y sexuales.
El Vaticano aterriza, por tanto, una de las encomiendas marcadas tras la cumbre antipederastia de febrero de 2019, con la que Francisco convocó a la Iglesia universal a través de los presidentes de las conferencias episcopales. Aun así, no se da por terminado, tal y como afirma en Vida Nueva Jordi Bertomeu, oficial de Doctrina de la Fe, que prevé todavía más “ajustes legislativos y, simultáneamente, una voluntad más decidida para que no quede en papel mojado”.
Precisamente, la pelota cae ahora sobre las Iglesias locales, sin margen para excusas que impidan poner todos los medios a su alcance para la protección y tutela de los más vulnerables.
