La ministra de Justicia ha solicitado a la Fiscalía General del Estado un informe sobre los procesos abiertos en los tribunales ante abusos sexuales a menores cometidos en el seno de cualquier tipo de institución religiosa. Tenga o no detrás un interés partidista, era de esperar esta petición ante la alarma mediática y social de los últimos meses. No estaría de más que, siguiendo el camino trazado por ejemplo por los obispos norteamericanos, fuera la Iglesia española quien tomara la delantera y pusiera negro sobre blanco con una auditoría. Este ejercicio de transparencia, como el que se viene realizando en materia económica, permitiría presentarse ante la opinión pública y los propios católicos, con honestidad borrando de un plumazo toda sombra de encubrimiento y opacidad.
Solo desde una proactividad manifiesta, como sucede con la primera asociación de acompañamiento a víctimas creada hace unos días, se podrá recuperar parte de la credibilidad perdida. Pero, sobre todo, la Iglesia podrá llevar la delantera ante este drama social y responderá al mandato evangélico: “Quien escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen al cuello una piedra de molino”.
