El Ministerio de Igualdad ha abierto una consulta pública con el fin de desarrollar un proyecto normativo para acabar con la trata de personas. Las adoratrices han recogido el guante y han elaborado un borrador de lo que podría ser una futura ley orgánica para acabar con esta esclavitud del siglo XXI, presente de un modo u otro en todos los países del planeta.
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Entre las demandas de las religiosas, se encuentran la necesidad de establecer mecanismos reales de prevención y detección de las víctimas, asistencia integral especializada, así como endurecer la legislación actual en materia penal.
Resulta plausible que el Gobierno haya dado un paso al frente para abordar un estigma que no tiene rédito electoral alguno. Por eso mismo, cabe esperar que, lejos de apresurarse en legislar o de hacerlo a golpe de ideología partidista, la ministra Irene Montero rompa con cualquier sesgo ideológico para escuchar a quienes se están dejando la piel para rescatar de un infierno a las mujeres que son vejadas diariamente en silencio.
Nadie mejor que las congregaciones religiosas para dar voz a aquellas que hoy siguen desprotegidas, aquellas para las que no existe el Estado de derecho.
