La Fiscalía General del Estado ha enviado al Ministerio de Justicia un informe en el que considera que el panorama que se dibuja sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia “es deficiente” y precisa implementar más mecanismos para la “prevención, detección, persecución”. Más allá de las lagunas de un documento que se hace eco de la alarma mediática sin recopilar un registro específico de casos eclesiales, aparecen varías líneas de acción a seguir: la independencia de las investigaciones, la necesidad de elaborar un registro histórico y la mutua colaboración entre Iglesia y Administración pública.
Al margen del tinte político que se le quiera dar a estas medidas, lo cierto es que se trata de iniciativas que resultaría interesante respaldar, en especial visibilizar ante los poderes públicos que la Iglesia no tiene nada que ocultar y sí mucho que aportar. No en vano, mientras el Ministerio Fiscal elaboraba su informe, tanto la Santa Sede como la Conferencia Episcopal, CONFER y Escuelas Católicas, han puesto las bases de unos protocolos que las sitúan al frente de la lucha contra todo tipo de abuso. Ahora solo queda aplicarlos con la radicalidad propia del Evangelio y la misericordia que merecen las víctimas.
