La disparidad de criterios a la hora de afrontar las políticas de enseñanza entre la Presidencia del Gobierno, la ministra de Cultura y el Partido Socialista que sustenta al Ejecutivo, pueden poner en más de un aprieto a los actores en concurso y generar más de un entuerto con la comunidad educativa. Así quedó al descubierto tras la polémica generada por Isabel Celaá en el Congreso de Escuelas Católicas, y así se vuelve a visibilizar en el plan de acción establecido desde la sede del PSOE en Ferraz.
Según los documentos a los que ha tenido acceso ‘Vida Nueva’, el partido secunda y promueve la propuesta de la titular en funciones de Educación de acabar con el criterio de “demanda social” para la elección de centro, base del sistema de conciertos y, por tanto, de la supervivencia de la escuela católica.
Una de cal, que dista de la arena y bandera blanca que, desde Moncloa, parece enarbolarse para afianzar la relación de cordialidad que se habría forjado durante la crisis de la exhumación de Franco, y que no estaría de más que se consolidara como un pacto de no agresión en materias troncales. No para mayor gloria eclesial, sino en aras del bien común, de la defensa de los derechos y libertades fundamentales.
