Publicado en el nº 2.708 de Vida Nueva (del 22 al 28 de mayo de 2010).
No están siendo buenos tiempos para Benedicto XVI. Ya el pasado año, con motivo del levantamiento de la excomunión a los obispos lefebvrianos, así como la falta de información previa sobre el negacionismo del Holocausto por parte de uno de ellos, el Papa escribió una carta en la que reconocía una deficiente actuación de algunos órganos de gobierno de la Curia romana. Ya desde el inicio de su pontificado se venía apuntando cierta “renovación” y hubo incluso quien apuntó que nadie mejor que el propio cardenal Ratzinger sería capaz de acometer esta reforma curial, toda vez que él la conocía bien, e incluso había llegado a sufrirla. La reforma de la Curia había sido un viejo sueño de sus precedesores, aunque con deficientes logros. Pablo VI, en 1967, acometía una reforma dando mayor poder al Secretario de Estado, un poder que Juan Pablo II limitó tímidamente, otorgando mayor independencia a otros dicasterios en la reforma que hizo en 1988.
Crece en la Iglesia el sentimiento de que una de las reformas que hay que acometer para ayudar al Papa es apoyar una reforma de la Curia. Las palabras recientes del cardenal arzobispo de Viena, Christoph Schönborn, han destacado la necesidad de esta reforma y de ningún modo se puede inferir que se trate de unas declaraciones fuera de tono. La autoridad con que siempre son recibidas sus palabras hace prever algo más por parte del cardenal vienés, serio papable en el último cónclave y amigo personal del Pontífice.
En el trasfondo de muchas de las dificultades por las que la Iglesia, en general, y el Papa, en particular, están atravesando, aparece con tintes sombríos el entramado curial, y algunos de sus destacados dirigentes, ya eméritos y jubilados, están siendo blanco de las críticas que se suceden a cada paso. Conforme avanza el tiempo se hace evidente que algunos de los problemas de claridad en la información desde la propia Curia, así como la escasa diligencia en la solución de conflictos y la coordinación de los trabajos en la misma, están en la raíz de algunas de las dificultades de las que ahora nos lamentamos. Dos nuevos problemas avalan esta sospecha: por un lado, las declaraciones del cardenal Darío Castrillón responsabilizando a Juan Pablo II del silencio ante un caso de pederastia en Francia; y, por otro, del apoyo a los Legionarios y a la figura de Marcial Maciel por parte de Wojtyla y, fundamentalmente, del actual decano del colegio cardenalicio y ex secretario de Estado, Angelo Sodano, quien queda en entredicho tras el reciente comunicado vaticano sobre la conducta inmoral del sacerdote mexicano.
La claridad con la que el Papa ha empezado, de forma tímida, a salir al frente de los problemas está siendo interpretada como un atisbo de reforma de facto. Varias actuaciones de una valentía plausible y de una nitidez inusual están llevando a considerar que la reforma de la Curia es inminente, pero que el Pontífice aún se encuentra atado para poder llevarla a cabo con mayor celeridad. Nadie duda que a lo largo de este año, tras el consistorio que se espera en otoño y una vez que se produzcan algunas dimisiones por razones de edad, el Papa podrá contar con cardenales de su total confianza en los puestos de gobierno de la Iglesia. Puesto que se trata de un gobierno vicario, la Curia ha de reportar información clara al Papa y nunca ocultar, como ha sucedido, aspectos relevantes para el ejercicio del ministerio petrino, que ya Juan Pablo II quiso abordar en su momento. Es la hora de abordar estos cambios. El Papa no puede ser prisionero de su propia Curia. Los males de la Iglesia, cuando tienen su raíz en el interior, son difíciles de erradicar.
