La Asamblea Plenaria de primavera de la Conferencia Episcopal Española arrancó el lunes 31 de marzo con un anuncio inesperado por parte del presidente Luis Argüello. El arzobispo de Valladolid instaba a las dos grandes formaciones políticas de nuestro país, Partido Socialista y Partido Popular, a dejar a un lado sus diferencias para sacar adelante la Iniciativa Legislativa Popular que busca la regularización extraordinaria de cerca de medio millón de migrantes. Se trataría de rematar el proceso que dejó abierto el pasado otoño el Congreso de los Diputados, cuando los parlamentarios de ambos grupos aceptaron tramitar esta propuesta que llegaba respaldada por más de seiscientas mil firmas. Además, en su intervención, el presidente de los obispos ofrecía su mediación para que esta iniciativa llegue a buen puerto.
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Resulta harto complejo el compromiso de unos y de otros en este momento, cuando la crispación y el frentismo se acrecientan semana a semana. A esto se suma el hecho de que la cuestión migratoria continúa siendo un arma arrojadiza negociadora. Por un lado, la extrema derecha agita los fantasmas de la delincuencia vinculada a los extranjeros y a un ‘efecto llamada’ que se convierte en ariete para criminalizar al otro. Por otro, el Ejecutivo socialista se ha enfangado en repartir ‘al peso’ a los menores migrantes no acompañados por comunidades autónomas, aderezado con unas prebendas para sus socios de legislatura.
En medio de todos estos obstáculos, la Iglesia pide que se abra paso a la dignidad de tantos hombres y mujeres que, llegados de lejos, se les impide tener la ciudadanía plena a pesar del enriquecimiento, no solo económico, que están generando en nuestro país. Este ofrecimiento eclesial, lejos de ser una propuesta de cara a la galería, viene a visibilizar la entrega cotidiana que se viene realizando en tantas obras apostólicas que hacen realidad la llamada en primera persona que hizo Jesús de Nazaret para abrazar como hermano al forastero, para tratarle de igual a igual. De poco sirve que se desarrollen programas en materia de formación y capacitación para lograr un empleo, que se posibilite una vivienda social o que se acompañe a un niño o a un adolescente que ha logrado sobrevivir a una situación de orfandad manifiesta, si se frenan en seco todos sus derechos más básicos a falta de un papel que lo es prácticamente todo.
Si ya hace tiempo la comunidad católica española reformuló su pastoral social para no quedarse en el mero asistencialismo ni en la ayuda de emergencia, tampoco tiene sentido ahora desentenderse del eslabón que falta para culminar ese empeño del papa Francisco de acoger, promover, proteger e integrar.
