Roma ha apartado a Adolfo González Montes de sus funciones como obispo de Almería para dejarlas en manos del coadjutor Antonio Gómez Cantero. Esta decisión inédita estaría vinculada a una bancarrota financiera, junto a otros asuntos no menos delicados.
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La decisión llega solo dos meses después de que Gómez Cantero iniciara una investigación encargada por la Santa Sede que desvela la gravedad de lo sucedido, pero también una crisis fraguada en dos décadas de pastoreo.
Pastoreo desequilibrado
El caso almeriense desvela un fallo en los protocolos para auditar tanto las cuentas diocesanas como el ministerio de los obispos. O no hay mecanismos de control que garanticen una higiene gubernativa o no se aplican. Porque hasta llegar a una quiebra total financiera o de confianza, siempre hay alertas previas que, a la vista está, no han funcionado por falta de recursos o de escucha, encubrimiento, desidia…
Sin transparencia, se lanza un mensaje de impunidad para los demás obispos, por no hablar de la imagen que se proyecta a la sociedad. Pero quien paga la deuda en el día a día es el Pueblo de Dios que padece una gestión temeraria, que suele ir acompañado de un pastoreo no menos desequilibrado.
