Del 11 de abril al 31 de junio, la Iglesia se somete al referéndum anual en el que se evalúa el respaldo de la ciudadanía, a través de la casilla que destina el 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Desde que se pusiera en marcha el sistema que eliminó toda asignación presupuestaria directa por el Estado, el apoyo económico no ha parado de crecer. Así, el importe total asignado en el último año se sitúa en los 320 millones de euros, o lo que es lo mismo, más de 8,5 millones de españoles –de los 22 millones de contribuyentes– muestran su apoyo a la hucha eclesial.
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A lo largo de estos años, la Iglesia se ha esforzado en invertir esta confianza recibida como mejor sabe hacer: desde la entrega en su misión evangelizadora, que se traduce lo mismo en la celebración de los sacramentos que en una guardería, un centro de mayores o un proyecto de inserción laboral. Una labor ingente que resulta difícil de encerrar en cifras.
Según una estimación realizada por “Vida Nueva”, la Iglesia en su conjunto sería, hoy por hoy, la entidad que más empleo genera en todo nuestro país, solo por detrás de las administraciones públicas. Se podría hablar de hasta 600.000 contratos, que abarcan desde un catedrático de una universidad católica hasta quien se encuentra en el control de acceso para los turistas de una basílica. Esta cifra estaría muy por delante de cualquier empresa del IBEX 35.
Sin embargo, el amplio paraguas de realidades eclesiales y la labor callada que se continúa realizando provoca que este aporte, tangible en salarios e intangible en cohesión social, no se aprecie y quede eclipsado por falsos estereotipos.
Es cierto que en este tiempo se han multiplicado las iniciativas vinculadas a la transparencia en la comunicación y la gestión, para que no haya duda de que cada euro que recibe se invierte con creces en la sociedad. Prueba de ello es que, a pesar de la crisis de credibilidad por culpa de la pederastia, no se han reducido los apoyos en la declaración en estos años.
Renuncia a las exenciones
Dentro de estas medidas, se encuentra la reciente renuncia por parte de los obispos a las exenciones que afectan a las Contribuciones Especiales y al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). A partir de ahora, la Iglesia católica juega en las mismas condiciones que cualquier entidad que se somete a la ley de mecenazgo, de partidos a sindicatos pasando por fundaciones.
La Iglesia no es una empresa, ni pretende serlo, pero tampoco puede vivir ajena a las reglas del juego de esta sociedad mercantilizada. Por eso, además de ser uno de los motores económicos del país, sobre todo, está llamada a poner alma con la Doctrina Social por bandera.
