El encuentro de la cúpula de la Conferencia Episcopal Española con el Papa, el 31 de mayo, ha desvelado que el plan de reparación integral estaría a punto de ver la luz. Tal y como adelantó el presidente de los obispos, Luis Argüello, se aprobaría en la Comisión Permanente del 1 y 2 de julio.
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Este anuncio no ha caído bien entre las víctimas, ya que tres asociaciones han denunciado que la Iglesia habría faltado a su compromiso de contar con ellas en la elaboración del plan. A buen seguro que en este mes se encontrarán cauces para implicar a las víctimas y reconducir el enfado.
Evitar duplicidades
Más allá de esta cuestión, queda por resolver el papel y autoridad de la comisión de expertos que se recoge en el plan integral y que evaluará el alcance de la reparación en los casos prescritos o con el abusador fallecido. Sobre todo, teniendo en cuenta que el Defensor del Pueblo llama a crear un órgano estatal de similares características. ¿A qué comisión deben ir las víctimas? ¿Cuál tendrá legitimidad en última instancia? ¿Qué hacer si las indemnizaciones de una u otra no coinciden? Responder a estos interrogantes exige dialogar con el Gobierno para evitar duplicidades que podrían embarrar este proceso.
