Después de quince meses de trabajo, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado el informe que radiografía los abusos sexuales en el seno de la Iglesia española. Más allá de la extrapolación errada de una encuesta incluida en el estudio, lo cierto es que el análisis que realiza sobre la insuficiente respuesta de diócesis y congregaciones ante esta lacra es más que certera, de la misma manera que las recomendaciones en materia de prevención y reparación integral a las víctimas.
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Tanto la Conferencia Episcopal Española como la Conferencia Española de Religiosos han apreciado esta auditoría calificándola incluso de “valiosa”, superando así los recelos iniciales cuando se puso en marcha por iniciativa del Gobierno. Y no solo eso, sino que ya se han puesto a trabajar para acoger las sugerencias, con una apuesta decidida por buscar las vías para compensar económicamente a las víctimas.
Unas indemnizaciones que no pueden ser arbitrarias ni cicateras. Porque nunca habrá dinero suficiente como para reparar el sufrimiento que ha padecido uno solo de los niños y adultos que han sido vejados por un depredador escondido bajo la piel de un pastor.
