La Ley de Memoria Histórica se ha convertido en ariete electoral que aflora según conviene en el debate parlamentario y social, que más que mirar atrás para aprender del pasado, parece buscar reabrir heridas. Entre sus aristas, la exhumación de víctimas del franquismo en el Valle de los Caídos. Más allá de los intereses partidistas, de por sí es una cuestión delicada, en tanto que hay familias que ven ahí la manera de cerrar su duelo.
Aunque solo fuera por eso, la Iglesia no puede reaccionar como oposición política con actitudes que inviten, por ejemplo, a judicializar el asunto, sino que está llamada a optar por la vía del diálogo y el perdón que abanderaron tantos mártires víctimas de la persecución religiosa del siglo XX. Esta es la línea inequívoca marcada por el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez: “El abad del Valle no puede negarse a exhumar los restos”. El gesto cardenalicio, unido a la mediación de la senadora del PP, Esther Muñoz, ha permitido desbloquear la situación. Porque, si alguien sabe de reconciliación y lo ha puesto de manifiesto ante múltiples conflictos personales, sociales y globales, es la Iglesia. El Valle de los Caídos no puede ni debe ser menos.
