Enfado y decepción. “En grado mayúsculo”. Así se expresan tanto desde la Conferencia Episcopal Española como desde la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) ante la estrategia utilizada en estos últimos días por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para deslegitimar el plan de reparación para las víctimas de abusos que la Iglesia prepara desde hace meses y que se aprobará definitivamente este martes en una Asamblea Plenaria Extraordinaria.
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‘Vida Nueva’ se ha puesto en contacto con la cúpula eclesial de nuestro país y todas las voces consultadas sienten que “el gobierno insiste en utilizar a las víctimas: pone por delante su interés político que la solución al problema”. Es la respuesta ante la publicación de la carta en tono amenazante al presidente de los obispos, Luis Argüello, y ante la reunión exprés que Moncloa ha convocado mañana con las víctimas para negar la autoridad de la Iglesia en esta materia.
Mano tendida
“Una vez más -lamentan fuentes eclesiales-, le hemos tendido la mano al Gobierno y, como ha sucedido en otras tantas ocasiones, sea en las inmatriculaciones o en materia educativa, nos la han vuelto a jugar. Nos sentimos engañados y ninguneados”. “No se puede confiar en quien responde al diálogo con deslealtad partidista, que aprovecha cualquier materia para presentar a la Iglesia como enemigo de la sociedad y adversario político”, aseguran.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños
Precisamente, desde el Episcopado español lamentan cómo la hoja de ruta esbozada en abril por el equipo de Félix Bolaños “se ha abordado sin contar con la Iglesia ni con el Defensor del Pueblo”, mientras que, tanto los obispos como los religiosos han contado a todos los actores vinculados en estos últimos meses para elaborar su plan, desde las víctimas hasta el propio Gobierno, pasando por Ángel Gabilondo.
Respuesta contraria al derecho
Por ello, en la Conferencia Episcopal lamentan que “el Gobierno, al asumir como monopolio la acción con las víctimas pretende impedir la respuesta de la Iglesia e imponer a la Iglesia una respuesta contraria al derecho, y llena de incertidumbres”.
Además, desde la Iglesia se echa en cara al ministro de la Presidencia que, el mismo equipo gubernamental que “retrasa desde el año pasado la comparecencia del Defensor del Pueblo para explicar su informe, pretenda estar siguiendo sus recomendaciones y convoque de urgencia a las víctima”. “Es una muestra clara de oportunismo”, sentencian estas mismas fuentes episcopales.
