(José Ramón Amor Pan– Doctor en Teología Moral y experto en Bioética) En contra de lo que algunos, obstinada y tendenciosamente, intentan hacer ver a la opinión pública, la nueva Ley del aborto no recibe críticas sólo desde el ámbito católico, sino desde un espectro mucho más amplio. Así, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (que agrupa a 3,8 millones de personas con discapacidad integradas en más de 4.500 asociaciones), la más importante entidad de la discapacidad y la dependencia en España, acaba de publicar un demoledor informe, elaborado por Agustina Palacios (doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, una institución nada sospechosa de conservadurismo).
El aborto eugenésico en razón de discapacidad que la Ley admite en su artículo 15 resulta violatorio de la igualdad (valor, principio y derecho reconocido por la Constitución Española), como asimismo resulta contradictorio con los principios de la misma Ley que lo autoriza (reconocidos en el Preámbulo) y de varios de sus artículos (arts. 3 y 5). Pero, asimismo, resulta violatorio con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, todo un tratado internacional aprobado en diciembre de 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas e incorporado al Derecho español en mayo del año 2008.
Esta Convención ha significado un paso muy importante para las personas con discapacidad en el ámbito del Derecho Internacional de los derechos humanos, y no bien acabamos de incorporarla a nuestro ordenamiento jurídico, ya la estamos violando… A pesar de que se admite expresamente en el Preámbulo de la Ley del aborto que la vida prenatal es un bien jurídico merecedor de protección que el Legislador debe hacer eficaz, luego, cuando dicha vida prenatal merecedora de protección tiene riesgo de tener una discapacidad, el Legislador toma la decisión de no proteger dicha vida prenatal de igual modo que la del resto de vidas prenatales y permite el aborto hasta la semana 22. Y esto nos lleva inexorablemente, como señala la Dra. Palacios, a entender que el Legislador valora de manera diferente la vida prenatal de una persona con discapacidad que de otra que no la tiene, lo cual es claramente discriminatorio, ya que todas las vidas tienen el mismo valor en dignidad con independencia de cualquier condición física, psíquica, intelectual o sensorial. Como nos dice este Informe, “la menor protección o desprotección, y por ende la imposibilidad de ejercer el derecho a la vida, tiene su razón en una decisión del Legislador basada en prejuicios sociales y valoraciones discriminatorias que violarían el objeto mismo de la Convención, que se resume en asegurar que las personas con discapacidad gocen plenamente y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos”.
Decimos querer, valorar y respetar a las personas con discapacidad, pero luego nuestros hechos manifiestan justamente lo contrario. Recuerdo con emoción, a pesar de haber transcurrido más de dos años, las palabras que en la ceremonia de apertura del I Congreso Iberoamericano sobre Síndrome de Down nos dirigía Mariano, un joven con síndrome de Down: “En nombre de todas las personas con síndrome de Down, incluyéndome a mí, quiero aplaudir a los padres que tienen un hijo como yo y, en lugar de abortarlo, respetaron su derecho a vivir y a crecer. Espero que muchos sigan el ejemplo de esos padres. Porque ayudando a las personas con discapacidad les están alegrando la vida. Y tengan en cuenta que quienes tenemos síndrome de Down también somos personas”. Nadie le había dictado esas frases; nacían de su joven corazón.
Parece claro, según sigue diciendo el documento publicado, “que la decisión de la norma deja ver plasmada una concepción filosófica de fondo, según la cual se presupone que la vida de una persona con discapacidad no es lo suficientemente digna para ser vivida, o al menos no en igual medida que la del resto de personas, sin discapacidad”. Esta Ley introduce un mensaje de duda sobre la condición humana de las personas con discapacidad, más propio de otros tiempos que de una sociedad que se dice progresista. No sé, pues, de qué se reían la ministra Bibiana Aído y sus compañeras en el Congreso de los Diputados cuando el texto se aprobó, porque, más bien, es para echarse a llorar.
jramor@vidanueva.es
En el nº 2.704 de Vida Nueva.
