En los próximos días cerramos un 2022 complejo, donde algunos expertos lo describirán como el año en el que salimos de la pandemia y retomamos la normalidad, mientras que otros lo señalarán como el año en el que estalló la guerra en Ucrania, un conflicto que se suma a una larga lista de crisis, enfrentamientos y desastres ambientales que han sacudido el planeta en los últimos 12 meses. Ambos acontecimientos, aunque parecen distantes, han impactado de lleno, no solamente en la salud y la vida de millones de personas, sino también en su educación.
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La pandemia de la Covid-19 supuso un golpe terrible a los sistemas educativos de todo el mundo, ya que provocó la mayor interrupción de la educación en la historia, con una pérdida de aprendizaje cuyos impactos en el medio y largo plazo todavía no hemos llegado a vislumbrar. Por este motivo, la vuelta a la normalidad para millones de niños, niñas y adolescentes supuso un verdadero triunfo al conseguir retomar, entre otras cuestiones, el disfrute de su derecho a la educación.
No obstante, en septiembre, la UNESCO alertaba de que la vuelta al cole de este 2022 no sería igual para todo el alumnado, ya que 244 millones de niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 18 años de edad seguirían sin escolarizar. Unos datos que son especialmente preocupantes en los países del África Subsahariana, una región en donde más niños, niñas y adolescentes seguirían estando fuera del sistema educativo, con un total de 98 millones.
Una campaña por la educación
Teniendo en mente estas alarmantes cifras a nivel mundial, desde la coalición española de la Campaña Mundial por la Educación (CME) defendemos que el objetivo de la comunidad internacional no debe ser regresar a los datos prepandémicos. Y es que, no podemos permitirnos volver a una normalidad donde ya había una preocupante crisis educativa, con avances insuficientes en el camino para conseguir y lograr en 2030 el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº4: “una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas”.
Como ha señalado en varias ocasiones Leonardo Garnier, Asesor Especial de la Secretaría General de la Cumbre de Educación Transformadora de Naciones Unidas, ya en aquella normalidad, la educación se enfrentaba a una triple crisis global que la pandemia no ha hecho sino agravar: una crisis de equidad, ya que millones de personas están sin escolarizar; una crisis de calidad, ya que muchos de los que están escolarizados ni siquiera están aprendiendo lo básico; y, por supuesto, una crisis de relevancia, ya que muchos sistemas educativos no están dotando a las nuevas generaciones de los valores, conocimientos y habilidades que necesitan para ser ciudadanos activos y críticos.
Además, la pandemia ha puesto de manifiesto el déficit (de 69 millones) y la situación del profesorado en el mundo, con condiciones muy desiguales y precarias, especialmente en los países con menos recursos, que han visto cómo se agravaban las crisis preexistentes que limitaban ya de por sí el acceso a una educación de calidad. Es en estos países de renta media o baja donde mayores esfuerzos tiene que llevar a cabo la comunidad internacional para apoyar y no limitar la financiación educativa, ya que, con menos del 10% de la inversión mundial en educación tienen que educar al 75% de los niños, niñas y adolescentes del mundo.
Ante esta situación y alertando sobre la emergencia educativa mundial, el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, convocó la Cumbre sobre la Transformación de la Educación el pasado mes de septiembre. En ella, más de 130 países se comprometieron a reiniciar sus sistemas educativos y acelerar la acción para poner fin a la crisis mundial de la educación, a la vez que se comprometían a promover diferentes iniciativas globales.
La juventud como pilar fundamental del cambio educativo
En todo este proceso de fortalecimiento, reestructuración y relanzamiento de la educación a nivel mundial, la juventud tiene que tener un papel protagonista, tal y como ellos y ellas han manifestado en la Declaración de la Juventud. En ella, han puesto claramente de relieve el sentimiento colectivo de urgencia para abordar esta crisis educativa, a la vez que reivindican participar como socios de pleno derecho, y no sólo como beneficiarios, en la política educativa y en la toma de decisiones, trabajando junto a sus gobiernos, profesorado, sociedad civil, organizaciones internacionales, las Naciones Unidas y otros actores en la transformación de la educación.
Desde la coalición española de la CME liderada por Ayuda en Acción, Educo, Entreculturas y Plan Internacional, consideramos que es crucial la implicación de la juventud en el nuevo horizonte educativo que se abre en los próximos meses. Por este motivo, desde hace años trabajamos fomentando la movilización y el activismo de los niños, niñas y jóvenes para que sea la propia juventud la que también exija el cumplimiento del derecho a una educación de calidad, equitativa, inclusiva, transformadora para todas personas en el mundo. Entendiendo, además, la educación como un derecho catalizador de otros derechos fundamentales del ser humano.
Es este valor multiplicador y palanca que tiene la educación, lo que nos hace defender ante las administraciones públicas y la comunidad internacional el mantenimiento del derecho a la educación como prioridad, tanto en términos políticos como presupuestarios. Persiguiendo ese objetivo, reivindicamos una mayor inversión mundial en educación, la necesidad de tomar decisiones valientes en la transformación de la arquitectura financiera internacional y la eliminación de las barreras que impiden a los gobiernos aumentar sus presupuestos educativos.
España ante un momento único para volver a ser importante
En este sentido, España se encuentra actualmente en un escenario político propicio para mejorar su papel y sus contribuciones a la educación en el mundo y recuperar su peso internacional en la materia. Sin embargo, esto requiere de un compromiso político que poco a poco se está materializando a través de diferentes iniciativas como la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible que, a la hora de escribir este artículo y ha falta de un último trámite en el Congreso, fue aprobada por una amplísima mayoría el pasado día 21 de diciembre.
Esta nueva norma supone un paso de gigante, ya que fija legalmente el compromiso de alcanzar al menos el 0,7% de la Renta Nacional Bruta para Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 2030. Un hecho que, previsiblemente, se reflejará en el incremento de los presupuestos anuales de la AOD y que debe suponer también el aumento del porcentaje dedicado a la educación, destinando al menos el 8% del total de la AOD a educación básica y un 10% a acción humanitaria, dedicándose un 10% de esta última a educación en emergencias.
Además de esta importante noticia, en breve se definirá el VI Plan Director de la Cooperación Española que marcará las líneas de la cooperación española en los próximos cuatro años, lo que supone una gran oportunidad para que la educación se marque como prioritaria y seña de identidad de la política exterior española. Junto a ello, desde la CME identificamos el rol de España como representante de los países donantes del Comité Directivo de Alto Nivel del ODS 4 como un escenario propicio para que el gobierno español visibilice e incremente su apoyo a la AOD educativa.
España debe sumarse con mayor decisión a los esfuerzos para que la educación vuelva a ser una materia importante dentro del multilateralismo internacional. Solo con decisiones valientes y audaces por parte de los países y la comunidad internacional, el mundo podrá hacer frente a la crisis educativa que estamos viviendo. Una coyuntura estructural que requiere de una movilización global que apueste firmemente por una acción transformadora, audaz y urgente.
La CME, como movimiento global qué es, está en una posición única para representar la voz de la sociedad civil en el ámbito de la educación en todo el mundo. Por nuestra parte, desde la coalición española, seguiremos trabajando y velando por el seguimiento de los acuerdos internacionales, a la vez que seguiremos llamando a la sociedad civil y a la ciudadanía crítica a exigir a nuestros representantes políticos el cumplimiento de sus compromisos. Todo para que una educación de calidad para todas las personas sea por fin una realidad.
