“Honduras vive una situación prácticamente sin salida, de plena precariedad del Estado de Derecho, donde la vida de los defensores de los derechos humanos corre un importante peligro”. Así describía el jesuita Ismael Moreno, director de ERIC-Radio Progreso, la situación de profunda crisis que atraviesa su país, agravada a raíz de los acontecimientos que tuvieron lugar tras los comicios celebrados el 26 de noviembre, que culminaron con la reelección de Juan Orlando Hernández como presidente.
La pasada semana, el Congreso de los Diputados de España, consciente de la gravedad de la situación de Honduras, suscribió, con la unanimidad de todos los grupos políticos, una declaración institucional en la que expresaba su solidaridad con los familiares de las víctimas fallecidas en las protestas e instaba al respeto de los derechos humanos de la población hondureña y al establecimiento de un diálogo abierto e inclusivo entre los distintos actores sociales.
Esta declaración ha sido el resultado de una reunión, organizada por Entreculturas y ALBOAN el pasado 14 de marzo en el Congreso de los Diputados, a la que asistieron la Mesa y Portavoces de diversas comisiones parlamentarias y los activistas hondureños Consuelo Soto, lideresa indígena tolupán, y Pedro Landa, miembro de ERIC-Radio Progreso.
Hubo 22 muertos y 60 heridos
Los activistas hondureños, avalados por el informe emitido el 12 de marzo por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), se hicieron eco de la espiral de violencia que tuvo lugar durante el periodo post-electoral, en el que las manifestaciones se saldaron con la muerte de 22 civiles, 16 de ellas causadas violentamente por disparos de las fuerzas de seguridad, y 60 personas heridas, la mitad de ellas como consecuencia del uso de armas de fuego.
Estas manifestaciones, a las que asistieron millones de hondureños en todas partes del país, venían motivadas por graves sospechas de fraude. Causó inquietud entre la población el sorpasso del expresidente Juan Orlando Hernández al candidato de Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, que le aventajaba en cinco puntos, tras la caída del sistema de conteo de votos durante 36 horas entre los días 27 a 29 de noviembre.
Pero, además, los hondureños protestaban por la reelección de Juan Orlando Hernández, dado que la Constitución de Honduras, en su artículo 239, prohíbe al presidente de la República presentarse para un segundo mandato. Las dudas sobre la legitimidad del proceso fueron tales que el Secretario General de la Organización de Estados Americanos hizo un llamamiento a la repetición de elecciones que, sin embargo, fue ignorado por las fuerzas políticas vencedoras.
Bajo la amenaza de Trump
A la gravísima fractura política y social de Honduras se añade la incertidumbre ocasionada por las políticas migratorias estadounidenses. El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciaba a principios de mes la terminación de la Protección Temporal Migratoria (TPS) concedida a 55.000 hondureños que se encontraban en EE.UU. en 1999, cuando se produjo el huracán Mitch, que devastó el país centroamericano. Estas personas, que residen y trabajan en EE.UU. desde hace 20 años, tendrán hasta enero de 2020 para abandonar el país, regularizar su situación como cualquier otro extranjero –pues la TPS no ofrece ninguna vía para la residencia permanente ni para la obtención de otro estatus de regulación migratoria–, o convertirse en indocumentados, lo que abre la vía a su deportación.
Tanto las personas que viven en Honduras como las que se van a ver obligadas a volver como consecuencia de las políticas estadounidenses, merecen un país en el que se respeten y se protejan de manera efectiva los derechos humanos de todas y todos: la libertad de expresión, el derecho a manifestarse pacíficamente y, sobre todo, el derecho a la vida. Para ello, es imprescindible que se investiguen y se remedien de manera efectiva actos ocurridos durante el periodo post-electoral que dieron lugar a las muertes y se repare el daño hecho a las familias de las víctimas.
La declaración institucional es una importante llamada de atención, pero, para que sea verdaderamente efectiva, la comunidad internacional, incluidas las autoridades españolas, deben seguir de cerca la evolución de los acontecimientos en el país centroamericano e insistir y apoyar un diálogo inclusivo y abierto –que tenga como punto de partida ofrecer respuesta a las graves vulneraciones de derechos humanos– para devolver la legitimidad democrática a las instituciones.
