ANTONIO PELAYO | Corresponsal de Vida Nueva en Roma
Con fecha de 4 de julio, Francisco ha aprobado un motu proprio con el que completa la reforma de los organismos encargados del control y la vigilancia y de la administración de los bienes de la Santa Sede.
Como se recordará, el 24 de febrero de 2014 estableció tres nuevos organismos: el Consejo para la Economía, la Secretaría para la Economía y la Oficina del Auditor General. Durante estos meses han surgido interpretaciones dispares sobre su funcionamiento y la coordinación de los mismos. El objetivo de este nuevo dispositivo jurídico es “definir con mayor precisión la relación entre la Administración del Patrimonio de la Santa Sede (el APSA, presidido por el cardenal Domenico Calcagno) y la Secretaría para la Economía, a cuyo frente está el cardenal George Pell.
“Los bienes temporales que la Iglesia posee –dice el preámbulo del documento– están destinados a conseguir sus fines, es decir, el culto divino, el honesto sostenimiento del clero, el apostolado y las obras de caridad, especialmente al servicio de los pobres”. El Papa considera necesario “separar de modo neto e inequívoco la gestión directa del patrimonio del control y vigilancia sobre la actividad de gestión. Con tal fin, es de la máxima importancia que los organismos de vigilancia estén separados de los vigilados”.
Por si surgen discrepancias, el Papa se reserva nombrar un delegado personal que las dirima con la ayuda de un grupo de colaboradores.
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En el nº 2.997 de Vida Nueva
