En estos momentos, en nuestro país, los pensionistas están sufriendo una intensa inseguridad que ha originado una movilización social sin precedentes en este colectivo. La Conferencia Episcopal, diversas instituciones, colectivos de Iglesia y muchas diócesis han apoyado a estas personas que reclaman una pensión digna. No podíamos esperar menos porque la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) nos llama siempre a proteger y defender la debilidad.
Proteger las situaciones de fragilidad y defender los derechos de las personas más vulnerables es un cometido práctico y teórico de las reflexiones sociales de la Iglesia. Y venimos observando, especialmente desde el estallido de la crisis, que los pensionistas han ido perdiendo solidez al disminuir sus rentas y aparecer un velo de incertidumbre sobre el futuro de sus pensiones.
La DSI, de manera diáfana en ‘Laborem exercens’, ha sostenido el derecho a una pensión digna como fruto de un correcto desarrollo del derecho al trabajo. Derecho a una pensión que viene precedida por el trabajo realizado durante años. Son personas que responsablemente han trabajado para labrar un presente y construir un futuro. La dimensión subjetiva del trabajo, soporte de la dignidad de la persona, tiene su continuidad en un sistema de pensiones justo.
El papa Francisco nos recordaba, con su característica expresividad, que unas pensiones justas son aquellas que se alejan tanto de las pensiones pobres como de las pensiones de oro. Porque, en la actualidad, lo que se está transparentando es un sistema de desigualdad en el que muchos viven con pensiones pobres y unos pocos con pensiones de oro. Porque las pensiones, además de estar sustentadas en el derecho al trabajo, reclaman poner en juego el destino universal de los bienes como principio vertebrador de una sociedad cohesionada.
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