Hoy se ha publicado un ‘Rescriptum ex audientia’, otorgado por el Santo Padre al vicesecretario de Estado el pasado 6 de diciembre y firmado por el cardenal secretario de Estado, en el que se promulga una ‘Instrucción sobre la confidencialidad de las causas’. Esta Instrucción pretende especificar el grado de confidencialidad con el que se deben gestionar las noticias o informes sobre abuso sexual cometidos por clérigos o personas consagradas contra menores y otros sujetos, así como cualquier conducta de las autoridades eclesiásticas que tienden a silenciarlos o cubrirlos. Como se puede observar, el propósito de la nueva Instrucción es cancelar en estos casos la sujeción a lo que se llama “secreto pontificio”, reduciendo el “nivel” de confidencialidad requerido para proteger la buena reputación de las personas involucradas, al habitual “secreto de sumario” establecido por el can. 471, 2 ° CIC (can. 244 §2, 2 ° CCEO), que cada pastor está obligado a observar de distintas maneras, dependiendo de si los sujetos en cuestión tienen derecho a saber dichas noticias y quién, en cambio, no posee ningún título para tenerlos.
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El documento quiere dar certeza sobre la manera de comportarse en estas situaciones que, en algunos casos, particularmente para los ministros sagrados, pueden constituir, irrevocablemente, deberes morales de secreto. La Instrucción también da seguimiento a otras medidas recientemente adoptadas por la Santa Sede, particularmente después de la reunión de los presidentes de las Conferencias Episcopales celebrada a finales del febrero pasado. La Penitenciaría Apostólica también intervino en estos temas con una Nota el pasado 29 de junio sobre la importancia del foro interno y la inviolabilidad del secreto sacramental, en cuyo contexto también debe enmarcarse la Instrucción ahora promulgada.
De hecho, sin mencionar directamente el secreto pontificio, el motu proprio ‘La protección de menores’, de 30 de marzo de 2019, y el artículo 3 de la ley contextual del Vaticano n. CCXCVII sobre la protección de menores y personas vulnerables, del 26 de marzo de 2019, ha impuesto a toda la Santa Sede la obligación de denunciar este tipo de delitos perpetrados por empleados o en cualquier caso ocurridos en el Vaticano, excepto, obviamente, el sello sacramental que siempre debe respetar al sacerdote que confiesa (art. 3 §§1, 3 Ley n. CCXCII). Posteriormente, el 7 de mayo de 2019, el motu porprio ‘Vos estis lux mundi’, que ni siquiera menciona el secreto pontificio ni, por considerarlo evidente, al secreto sacramental, ha ampliado la obligación de denuncia con respecto a la conducta ilegal de clérigos o consagrados, incluyendo los actos sexuales con adultos llevados a cabo con abuso de autoridad y el silencio culpable de tal conducta durante las investigaciones eclesiásticas iniciadas contra los responsables de estos crímenes. ‘Vos estis lux mundi’ ha impuesto a los clérigos y a toda la Iglesia la obligación de informar cualquier noticia sobre una conducta de este tipo, afirmando que en ningún caso este informe habría sido considerado como “violación del secreto oficial” (art. 4 §1).
Obligación de denuncia
Estas disposiciones pontificias fueron mucho más allá de la competencia exclusiva otorgada a la Congregación de la Doctrina de la Fe en la protección del motu porprio ‘Sacramentorum sanctitatis’, del 30 de abril de 2001, y varias veces modificada a continuación, lo que limitó la tarea del Dicasterio en cuestión de abusos contra menores y discapacitados cometidos exclusivamente por clérigos. La obligación de denuncia prescrita por estas normas requería, por razones de coherencia regulatoria, un examen cuidadoso desde la perspectiva del secreto pontificio, que los diversos documentos no habían mencionado. De hecho, dicho secreto no es más que un deber especial de confidencialidad, más severamente protegido por la ley canónica y asumido a través de una fórmula de juramento específico, impuesto a ciertas categorías de personas (obispos, oficiales de la curia, etc.) en relación a ciertos temas que deben ser tratados de forma oficial. Sin embargo, ocurre que el art. I, §4 de ‘Education Secreta continere’, de 1974, que hasta ahora regula el “secreto pontificio”, menciona entre los sujetos sujetos a esta regla las denuncias, el juicio y las decisiones sobre delitos graves contra la moral: en la práctica , todas las conductas cubiertas por las disposiciones recientes.
Tal sería el contexto y la motivación de esta breve Instrucción que, como no podía ser de otra manera, se refiere solo a las obligaciones jurídicas de un sujeto que, en ciertos aspectos, también puede involucrar (principalmente en los casos de sacerdotes) deberes morales indispensables de sello que ningún legislador tiene la capacidad de modificar. Es, además, un texto en el que los cinco párrafos que lo componen están estrechamente relacionados entre sí, y se complementan entre sí para señalar juntos la conducta correcta a seguir.
La Instrucción no tiene ningún tipo de colisión con el deber absoluto de observar el secreto sacramental, que es una obligación impuesta al sacerdote en razón de la posición que ocupa en la administración del sacramento de la confesión, y de la cual ni siquiera el penitente podría liberarlo. La Instrucción tampoco habla del deber de estricta confidencialidad adquirido eventualmente fuera de la confesión, dentro del ámbito del foro interno, llamado “extra sacramental”. Finalmente, la Instrucción no se refiere tampoco a ningún otro deber moral de confidencialidad debido a circunstancias confiadas al sacerdote en el sentido descrito por n. 2 de la mencionada Nota de la Penitenciaría Apostólica.
Menores y personas vulnerables
Como ya se mencionó, la Instrucción comienza excluyendo de la categoría de “secreto pontificio”, con modificación implícita, por lo tanto, del art. I §4 de Educación Secreta continente – ambos temas descritos en el art. 1 del motu proprio ‘Vos estis lux mundi’ (abuso de autoridad para forzar actos sexuales, abuso sexual de menores o personas vulnerables, ocultamiento de estos comportamientos en investigaciones eclesiásticas), y también los contenidos en el art. 6 de la protección del motu proprio Sacramentorum sanctitatis, tal como está vigente, que se refiere a delitos de pedofilia con menores de 18 años o sujetos incapacitados, así como delitos de pornografía infantil que involucran a jóvenes menores de 18 años (de acuerdo con la corrección del artículo 6 §1, segunda vez realizada por otro Rescriptum ex audientia al que luego me referiré). Todos estos comportamientos, por lo tanto, ya no son objeto de secreto pontificio, incluso si finalmente se cumplieron, como se indica en n. 2 de la Instrucción, en competencia con otros delitos que también son objeto de secreto pontificio (por ejemplo, otros delitos contra la moralidad o contra los Sacramentos de competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe y mencionados en la Instrucción del Secretario Continente).
Sin embargo, y este es un detalle importante, el hecho de que el conocimiento de estas acciones criminales ya no esté vinculado al “secreto pontificio” no significa que su promulgación libre esté permitida para quienes la poseen, lo que además de ser inmoral, dañaría el derecho a la buena fama de las personas protegidas por el can. 220 CIC. En este sentido, el no. 3 de la Instrucción se refiere a aquellos que, de alguna manera, están llamados a gestionar oficialmente tales situaciones con el secreto o la confidencialidad normales indicados en las armas 471, 2º CIC y 244 §2, 2° CCEO, como ya se hizo en el art. 2 §2 del motu proprio ‘Vos estis lux mundi’. Esto significa que las personas informadas de la situación o involucradas de alguna manera en la investigación o instrucción del caso deben “garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad” y no compartir información de ningún tipo de terceros no relacionados con la causa. Entre los sujetos involucrados en el proceso, una vez iniciado formalmente, obviamente está el acusado, por lo que la nueva disposición también favorece el derecho adecuado a la defensa.
Sin embargo, en los siguientes dos números de la Instrucción encontramos otras dos aclaraciones importantes sobre el deber de confidencialidad. Uno está contenido en n. 5, que, siguiendo también lo indicado por el art. 4 §3 del motu proprio ‘Vos estis lux mundi’, que prohíbe la imposición de cualquier tipo de “restricción de silencio con respecto a los hechos del caso” tanto a la persona que hizo el informe o la denuncia a la autoridad, como a aquellos que afirman haber sido abusados, así como a los testigos que intervienen en el caso. La única excepción a esta prohibición concierne al acusado mismo quien, en este tipo de medida, está sujeto regularmente desde a varios tipos de prohibiciones y medidas de precaución, dependiendo de cuáles sean las circunstancias concretas. Por lo tanto, el secreto oficial concierne a todos aquellos que, debido a su papel, deben intervenir en el tratamiento del caso.
Observar las leyes estatales
El otro perímetro importante del silencio oficial, que ahora se reitera aún más, siempre en línea con la regla del arte. 19 del motu proprio ‘Vos estis lux mundi’, es la referencia a la debida observancia de las leyes estatales establecidas sobre el tema. Por lo tanto, el n. 4 de la Instrucción reafirma que el secreto que debe observarse en estos casos en ningún caso puede ser un obstáculo “para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en cada lugar por las leyes estatales, incluidas las obligaciones de informar [de cualquier noticia de delito], así como la ejecución de las solicitudes ejecutivas de las autoridades judiciales civiles “que, por supuesto, podrían obligar a la entrega, por ejemplo, de material documental de un foro externo”.
Esto, en esencia, es el contenido de la nueva Instrucción que, de acuerdo con las normas dadas en los últimos meses sobre el tema, corrige levemente la Instrucción ‘Secreta continere’ haciendo que el sistema disciplinario sea más coherente y siempre al margen de los deberes de silencio y confidencialidad que una ley positiva no puede contemplar.
Simultáneamente, con la promulgación de la Instrucción ‘Sobre la confidencialidad de los casos’, hoy se publica un documento diferente sobre un tema similar. Este es otro ‘Rescriptum ex audientia’, esta vez otorgado inusualmente a dos cardenales, el secretario de Estado y el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, para que se inscriban en la actualización periódica de las normas de protección del motu proprio ‘Sacramentorum sanctitatis’, en relación con el tratamiento de crímenes más graves que son responsabilidad de la Congregación para la Doctrina de la Fe, según lo requiera la experiencia jurídica de la conducta adecuada de los procesos. Los cambios introducidos en esta ocasión, que reemplazan los textos anteriores del mencionado motu proprio, son básicamente dos.
El primer cambio se refiere a la supresión de la necesidad preceptiva establecida hasta ahora según la cual el papel de abogado y fiscal tenía que ser de un sacerdote, tanto cuando la causa era el estudio de los tribunales diocesanos como cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe lo examinaba. De ahora en adelante, este papel también puede ser desempeñado por un laico fiel que esté en posesión de los requisitos establecidos por la orden de la Iglesia.
El otro cambio que el Rescriptum mencionado hace a la protección del motu proprio Sacramentorum sanctitatis, como ya se mencionó, se refiere a la elevación a 18 años, y no solo 14, como lo era hasta ahora, la edad de los sujetos incluidos en las imágenes como un requisito configurar el delito de pornografía infantil. Incluso esta elección, a pesar de las dificultades determinantes que puede generar, representó un seguimiento coherente del aumento general a 18 años de la edad constitutiva del delito de pedofilia establecido con motivo de los cambios realizados en el texto original del motu proprio en mayo de 2010.
