Nuestro actual sistema socioeconómico está generando cada vez mayor pobreza, injusticia y desigualdad, al centrarse en la consecución del beneficio económico y al relegar a las personas a ser un simple medio para lograr este objetivo y no a ser el fin del mismo.
Se está configurando una sociedad cada vez más desigual, una sociedad que camina a dos velocidades y en la que la supuesta salida de la crisis y la recuperación económica sigue sin llegar a una parte amplia de la población, siendo muchas las familias y personas que actualmente se encuentran en situación de exclusión social (22,3% de tasa de pobreza en 2018).
Nos encontramos con amplias capas de la población expulsadas del mercado laboral, siendo cada vez más difícil acceder a un puesto de trabajo y lograr mantenerlo en condiciones dignas; un sistema de protección social muy débil basado en lo asistencial y alejado de la promoción de la persona; y una cada vez mayor inequidad en el acceso a determinados bienes, servicios e incluso derechos básicos. En este contexto, constatamos cuatro situaciones:
1.- La recuperación no está llegando a todas las familias
Transcurridos cuatro años desde el cambio de ciclo económico, en el que el desempleo se reduce y el nivel de renta media aumenta, todavía existen muchas familias, fundamentalmente aquellas más vulnerables y que más sufrieron los efectos de la crisis, que no están percibiendo una mejora en sus condiciones de vida.
La Encuesta sobre la Resiliencia de los Hogares en España de la Fundación FOESSA (2017) nos permite observar esta realidad reciente: El 70% de los hogares dicen no estar percibiendo los efectos de la misma. El 35% de las familias tienen dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes. El 38% de las familias no tienen capacidad de afrontar gastos imprevistos. La tasa de cobertura de la situación de desempleo alcanza poco más de la mitad de las familias (57%) en 2018, frente a más de al 71% que registraba en 2008. Los hogares sin ingresos, ni del trabajo, ni de protección al desempleo, ni otro tipo de protección contributiva, han crecido, llegando a 600.000 en el año 2018. El 2,2% de los hogares españoles.
Manifestación a favor del trabajo decente
2.- La desigualdad se está enquistando en nuestra sociedad
Nuestro país se encuentra entre los países con más desigualdad por renta de la Unión Europea, en la que el 20% más rico tiene una renta 6,6 veces superior a la del 20% más pobre, mostrando una sociedad en la que se ha reducido la movilidad social y la igualdad de oportunidades es algo irreal. Además, la desigualdad se acentúa para determinadas personas en función de su nacionalidad, sexo, edad y formación, siendo las personas extracomunitarias, los menores de 16 años, las personas con menor nivel educativo y las mujeres las que concentran las mayores tasas de pobreza.
3.- La puerta del empleo sigue cerrada para muchas personas
Los datos muestran que todavía hoy son muchas las personas que sufren el desempleo: el 16,7% de la población. A ello se añaden los datos de desempleo de larga duración, situación en la que se encuentran casi el 50% de las personas en paro, siendo más de 3 de cada 10 las que llevan más de dos años desempleadas. Esta situación se agrava especialmente en el caso de las mujeres (que suponen el 55,65% del paro registrado), los jóvenes (con una tasa de paro del 16,90%), las personas mayores de 45 años (que siguen teniendo la tasa más alta, con el 26,75%), las personas desempleadas con bajo nivel de cualificación (representan el 54,18%), las personas extranjeras (son el 11,7% del total de personas desempleadas) y las personas que presentan alguna discapacidad (3,87%).
4.- El mercado laboral no asegura unas condiciones de vida dignas
A pesar de que la tasa de desempleo ha bajado en los últimos 4 años del 25,9% al 16,7, la desigualdad no se ha reducido en igual manera. Lo que muestra que tener un trabajo no asegura la estabilidad económica. Así, el 14% de la población ocupada son personas que, a pesar de tener un empleo, no logran salir de la pobreza, según datos de la OCDE, siendo el país de la Unión Europea, solo después de Turquía, con mayor proporción de trabajadores pobres, y el séptimo en el mundo.
La crisis económica ha dejado un empleo precarizado
Con un mercado de trabajo caracterizado por elevados índices de precariedad, temporalidad (1 de cada 4 contratos mensuales son de muy corta duración: 7 días o menos) y salarios bajos, tener un empleo ya no es la solución para poder superar la pobreza. Se está creando trabajo, pero un trabajo de baja calidad, que no permite tener unas condiciones de vida dignas.
A lo que se une que tampoco existe un marco de protección social que contemple a la persona como sujeto de derechos per se, sino que constatamos la existencia de un sistema de protección social muy débil, basado en lo asistencial y alejado de la promoción de la persona. Derivado de la fuerte crisis del empleo que hemos sufrido en los últimos años, se generan casi de manera exclusiva medidas de activación de las personas que centran la responsabilidad de la situación en la propia persona, poniendo un menor énfasis en la generación de empleo, como uno de los problemas estructurales del sistema.
Así, la tasa de desprotección frente al desempleo afecta al 43,7% de las familias, encontrándose 2 millones de personas sin protección por desempleo. También han crecido en los últimos años los hogares sin ingresos, llegando a ser más de 600.000.
Ante este escenario que, cada vez más, normaliza esta situación de injusticia y desigualdad, fruto de un sistema socioeconómico que promueve el individualismo y la competitividad, la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) nos invita a reflexionar: “No hay peor pobreza material que la que no permite ganarse el pan y nos priva de la dignidad del trabajo”. “El desempleo juvenil, la informalidad y la falta de derechos laborales, no son inevitables, son resultado de una previa opción social, de un sistema económico que pone los beneficios por encima de la persona”, decía el papa Francisco en el II Encuentro Mundial de Movimientos Populares (2015).
El de los jóvenes es uno de los sectores más afectados por el trabajo precario
Y, en el compromiso por la defensa del trabajo decente, surge la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD), formada por las entidades de inspiración cristiana: Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica (JEC), Juventud Obrera Cristiana (JOC) y Cáritas, con el objetivo de favorecer dinámicas de sensibilización, visibilización y denuncia sobre una cuestión central para la sociedad y esencial para la vida de millones de personas: el trabajo humano y anunciar el concepto de trabajo decente ‘hacia el interior de nuestras organizaciones, hacia la Iglesia en general y hacia la sociedad’. En este sentido, defender hoy el trabajo decente supone:
- Poner en el centro a la persona, rompiendo la actual lógica de pensar y organizar el trabajo desde lo económico y los intereses de unos pocos.
- Plantear el sentido y el valor del trabajo más allá del empleo: distribuir de manera justa y digna el empleo y reconocer socialmente todos los trabajos de cuidado necesarios para la vida humana.
- Luchar por condiciones dignas de empleo: Sin la lucha por la afirmación de los derechos de las personas en el empleo no es posible humanizar el trabajo.
- Articular de forma humanizadora el trabajo y el descanso.
- Luchar por la defensa de los derechos humanos y desvincular derechos y empleo.
