El Perú viene atravesando uno de los momentos más críticos de su historia republicana. Crisis iniciada el 7 de diciembre del 2022 con el intento de golpe del expresidente Pedro Castillo y su posterior vacancia por parte del Congreso, lo cual condujo a que Dina Boluarte asumiera el cargo de la presidencia, aunque sin poder canalizar las diversas demandas de la población movilizada.
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El informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, titulado «50 días de represión en el Perú», denuncia la vulneración de los derechos fundamentales de miles de ciudadanos por parte del gobierno; el documento evidencia a la fecha de su publicación, 26 de enero, que hay un total 56 fallecidos (7 menores de edad), de los cuales 46 son por responsabilidad directa del Estado; a ello se añaden 912 personas heridas.
En este artículo recogemos algunos puntos principales de los diversos pronunciamientos que se han ido dando por parte de la Iglesia católica.
Lo cual nos permite entender las otras miradas que hay desde diversos sectores eclesiales con respecto a la crisis política en la que más de 50 peruanos han muerto. Finalmente responder a una pregunta en concreto: ¿qué respuesta brindar como cristianos y ciudadanos?
¡No a la violencia! ¡No al desgobierno!
Así fue encabezado el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Peruana frente a las dos primeras víctimas en Andahuaylas (Apurímac, región de la sierra sur) durante las movilizaciones el pasado 11 de diciembre, lo que convirtió a la ciudad y a la región en una de las primeras en sufrir la represión gubernamental. En este se hace un llamado a «construir puentes de diálogo, llamando a la serenidad a todos nuestros compatriotas que realizan protestas en diversas partes del país, cuyos reclamos, cuando justos, deben ser escuchados; pero que ejerzan su derecho sin violencia».
El 9 de enero, a raíz de las muertes en la Región Puno (también al sur del país), se publicó un nuevo comunicado titulado ¡No matarás! (Ex. 20, 13), señalando que la violencia se produce «como consecuencia de desnaturalizar el derecho a la protesta, recurriendo a la ilegalidad; y, por otro lado, por el uso desmedido de la fuerza». Asimismo, hacía un llamado para «distinguir los justos reclamos de otros que no permiten un diálogo racional».
El 20 de enero, al finalizar la 124ª Asamblea Plenaria y debido al aumento de víctimas mortales en las movilizaciones, se divulgó un nuevo comunicado titulado ¡Seamos constructores de Paz con justicia!, el cual señalaba que «no pueden quedar impunes estas atrocidades que han enlutado el país. Se debe investigar con celeridad individualizando y sancionando a los responsables». Exhortaba, a su vez, a las autoridades y a todos los actores políticos a que se comprometieran responsablemente, para poder hallar una vía consensuada que permitiera salir de esta grave crisis, también se ofrecían como mediadores entre el gobierno y las demandas de las diversas organizaciones.
Esto es una muestra de que la Conferencia Episcopal ha venido siguiendo con atención las movilizaciones. También caben destacar otras voces del entorno religioso y de diversos agentes pastorales que viven más de cerca a las comunidades del interior del país, quienes han sacado varios pronunciamientos frente a la crisis, brindando una lectura alternativa para comprender mejor el problema; así como desplegando iniciativas solidarias para defender los derechos fundamentales de los manifestantes. De estos pronunciamientos y acciones, quisiera rescatar algunos elementos clave que me parecen fundamentales:
– Rechazo a la violencia: «Manifestamos nuestro rechazo al uso desproporcionado de la violencia de parte del Estado en a la contención de las protestas que vienen sucediendo en distintos lugares del país» (mensaje de la Compañía de Jesús – Provincia del Perú). También está presente el rechazo a todo acto de vandalismo que deslegitima el derecho a la protesta: «Rechazamos el intento de defender la patria, la justicia o la paz, a través de la violencia y la agresión física o verbal. En ese sentido, exhortamos al cese de enfrentamientos entre ciudadanos» (Pronunciamiento del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, 12 de enero).
– Solidaridad con las víctimas: «Sentimos gran dolor y tristeza por las pérdidas de vidas de hermanos y hermanas nuestros, buena parte de ellos jóvenes. Estas muertes no son justificables bajo ningún argumento. Lo mismo vale para los heridos, cuyas lesiones posiblemente los afectará de por vida. Queremos expresar nuestra cercanía y oración a sus familiares y amigos, y encomendamos a los difuntos a la misericordia de nuestro Dios» (Pronunciamiento de la CONFER Juli-Puno, Surandino, 11 de enero).
– Respeto a los pueblos originarios y rechazo al racismo: «Denunciamos (…) la estigmatización racial de nuestros hermanos quechuas y aimaras, a quienes se les califica de terroristas sin una investigación previa. Todo esto agudiza la fractura entre la capital y las otras regiones del Perú. Este gobierno no puede aceptar ni resistir un muerto más» (Pronunciamiento de la Junta directiva Nacional de la Conferencia de Religiosos del Perú. 24 de enero). A este se suma el pronunciamiento de los religiosos Benedictinos que trabajan en Chucuito (Puno): «Uno de los verdaderos motivos de la ira popular en nuestra zona y en todo el país es el demasiado tiempo de desprecio descarado de parte de nuestros gobernantes por el bien común, especialmente de cara a los más pobres y a las poblaciones originarias de nuestra patria» (10 de enero).
– Abrir caminos de diálogo: «Ante la grave crisis social que atraviesa nuestro país con niveles de violencia cada vez más preocupantes, invocamos a nuestras autoridades convocar a representantes de todos los sectores posibles, a una mesa de diálogo fraterno para escucharnos y buscar soluciones a la crisis en el corto, mediano y largo plazo (Mensaje de los Misioneros y misioneras combonianos, 24 de enero del 2023). Igualmente, los obispos de algunas diócesis del sur andino se expresaron así: «Como Obispos del Altiplano del departamento de Puno y de la Diócesis de Sicuani-Cusco (…) hacemos un llamado a todos los miembros del Congreso de la República para que puedan dar una solución inmediata al pedido que realizan nuestros hermanos y hermanas, y así, impedir mayores acontecimientos que puedan generar pérdidas humanas, evitar personas heridas, y agresiones a las entidades públicas y privadas» (Pronunciamiento de los obispos del 23 de enero).
¿Qué respuesta dar?
En esta espiral de violencia, la región Puno al sur del país y frontera con Bolivia, ha sido una de las más afectadas, ahí perdieron la vida 19 personas durante las manifestaciones del 9 de enero. Gran parte de los luctuosos incidentes acontecieron en el perímetro de la Parroquia de Pueblo de Dios en Juliaca, diócesis de Puno.
Luis Zambrano, sacerdote diocesano y párroco de dicha comunidad a la que está encarnado, ha venido prestando acompañamiento y cercanía a las víctimas. Como él mismo lo señala: «Algo fundamental es ejercer el profetismo personal y comunitario que nos viene desde el bautismo en el que cada bautizado es consagrado como sacerdote/sacerdotisa, profeta/profetisa y rey/reina, ministerios del mismo Jesús. Profetizar ahora es denunciar la masacre en diversos lugares del país, avalada por el actual gobierno. Profetizar es anunciar al Dios de la vida, que en medio de la muerte y del desconcierto nos anima a cuidar y a disfrutar la vida nuestra y la de todos, especialmente la de los pobres. El profetismo en la Iglesia no es una opción, sino una obligación evangélica. Y es lo que más está fallando en ella, por miedo a los riesgos y persecuciones por los que pasó el mismo Jesús».
La coyuntura actual ciertamente también atemoriza y paraliza, pero ello no debe hacernos perder la esperanza. Como autocrítica, por ejemplo, debemos aceptar que desde la Iglesia no se ha insistido a que las autoridades y los manifestantes, ofrezcan corredores humanitarios frente al bloqueo de carreteras como una acción en defensa del derecho fundamental de la salud. Asimismo, frente al hecho de la llegada a Lima de miles de personas desde sus regiones y el no contar con un espacio donde dormir o alimentación, nos ha debido llevar a actuar en conjunto, como Iglesia. Esto no niega que haya habido iniciativas solidarias desde la Iglesia, pero no han estado totalmente articuladas.
En palabras de Glafira Jiménez, religiosa de la congregación Hijas de la Virgen para la Formación Cristiana: «No hemos sabido diferenciar las cosas; independientemente de la situación política, nuestro deber es ayudar al que lo necesita. No preguntar ni de dónde viene ni a dónde va. Es importante recuperar la gratuidad de ayudar sin condiciones, cuando la persona lo requiere. Eso hemos perdido, así como el derecho básico a la vida que está por encima de ideologías y de colores. Nadie se merece morir, ni que lo maten, independientemente de lo diga o lo que haga».
Hoy como país experimentamos una compleja situación que afecta incluso los modos de respuesta a la crisis, como también lo señala el P. Zambrano: «Nos corresponde mostrarnos solidarios/as a través de pequeños gestos, con mucha imaginación y creatividad, para curar las graves heridas, para aliviar sicológicamente el shock traumático sufrido, para calmar el hambre, para defender a los dirigentes perseguidos y seguir apoyando los justos reclamos. Sigamos sin desanimarnos». Y, como indicó el Papa Francisco, «no nos dejemos robar la esperanza».
Nos corresponde en esta hora difícil un sincero diálogo social en la búsqueda del bien común, donde debe primar la sensatez y la escucha, rechazando de plano la intolerancia y la naturalización de la violencia. Por ello, el mensaje del Nuncio Apostólico Paolo Rocco en su presentación ante Dina Boluarte como representante del cuerpo diplomático, ha tenido un gran eco. Nos recuerda que sí es posible encontrar una salida frente a las causas que generan la violencia, si prevalece “la fuerza de la ley y no la ley de la fuerza”.
Por Por José Luis Franco Meléndez – Instituto Bartolomé de Las Casas (Lima)
