La violencia ha sido endémica durante la andadura de Birmania, tras constituirse como Estado independiente después de la emancipación colonial del Reino Unido en 1948. Las fuerzas armadas han constituido la casta dirigente que, durante buena parte de estas siete décadas, han tutelado los frágiles períodos de intentos democráticos o, directamente, han impuesto una dictadura militar y han expoliado en beneficio propio los recursos económicos del país.
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El cambio de nombre (Myanmar por Birmania) fue producto del golpe militar de 1988, y la Junta Militar ha controlado los resortes del Estado a pesar de la celebración de elecciones legislativas en el año 2010, cuyos resultados fueron cuestionados por la comunidad internacional.
Diversidad étnica
Es uno de los estados con mayor diversidad étnica del mundo, ya que en su territorio conviven hasta 21 grupos étnicos diferenciados. Entre ellos, el bamar es el mayoritario –con cerca del 70% de la población– y además otorgaba la denominación al país. La hostilidad permanente del ejército hacia alguna de las minorías étnicas es poco conocida por la opinión pública internacional; por ejemplo, la desplegada contra la población karen o san –población residente en la frontera con Tailandia–.
La actuación de los denominados “batallones de violadores” está reportada por ACNUR, Amnistía Internacional, Save the Children o Human Rights Watch. Formados por militares birmanos, actúan de forma sistemática y continuada desde principios del siglo XXI contra mujeres y niñas, a las que secuestran y, en muchos casos, acaban asesinando tras ser forzadas durante días por los miembros de los mencionados batallones.
Éxodo rohingya
Únicamente se otorgó visibilidad internacional a la situación de las minorías en Birmania cuando, el 25 de agosto de 2017, se inició el éxodo hacia el vecino Bangladés de la población rohingya atravesando a pie la jungla, la montaña o a través de la bahía de Bengala con medios muy precarios. Huían de la persecución militar del régimen, que los expulsaba, requisaba sus bienes y propiedades o asesinaba por pertenecer a una minoría musulmana.
Despojados incluso de su nacionalidad, esta población apátrida, de alrededor de un millón de personas, sobrevive en condiciones inhumanas en campos de refugiados desde hace casi cuatro años, y en tiempos de pandemia. Este genocidio continuado alcanzó cierta notoriedad en su inicio, pero, como suele suceder habitualmente, ha quedado en el olvido de los estados, preocupados por sus intereses geopolíticos.
Un régimen opaco
La opacidad del régimen militar ha persistido incluso en situaciones en las que, por catástrofes naturales como el ciclón Nargis (mayo de 2008), el Estado ha necesitado ayuda humanitaria internacional y ha impedido la entrada de especialistas internacionales imprescindibles para su coordinación.
El último episodio de injerencia militar en la incipiente democracia birmana ha tenido lugar tras las elecciones generales celebradas el 8 de noviembre de 2020. La abrumadora mayoría lograda por la Liga Nacional para la Democracia, el partido dirigido por Aung San Suu Kyi (Premio Nobel de la Paz en 1991 y Premio Sájarov en 1990), que había gobernado desde el año 2015, propició un nuevo golpe de Estado militar el pasado 1 de febrero de 2021. Como sucedió en el año 1990, cuando también impidió gobernar a este partido tras vencer ampliamente en las elecciones generales.
Más de 400 represaliados
La represión desatada por las fuerzas armadas para someter a la indignada población ha causado ya por encima de 400 víctimas mortales. El pasado sábado, más de un centenar de muertos fueron el sangriento resultado de las protestas realizadas contra la obscena festividad militar celebrada por los golpistas. Las impactantes imágenes de ciudadanos corriendo por las calles de la capital siendo “cazados” desde vehículos militares han dado la vuelta al mundo, provocando una oleada de indignación.
A pesar de estar acostumbrados al poder efímero de la imagen en la retina de la opinión pública, no podemos dejar que esto suceda. La responsabilidad de proteger en el ámbito del Derecho internacional tiene una doble dimensión: la del Estado hacia su población y la de la comunidad internacional cuando esta primera no se otorga; en este caso, es precisamente la cúpula militar, que ha secuestrado al Estado, la responsable de la comisión de crímenes de especial gravedad-genocidio, crímenes contra la humanidad, usurpando a la población el derecho a disfrutar de un régimen de libertades democráticas.
Complicidad de las grandes potencias
Más allá de las declaraciones críticas que públicamente han realizado el presidente norteamericano, Biden; el máximo representante de la diplomacia de la UE, Borrell; o el secretario general de Naciones Unidas, Guterres; se necesita mayor contundencia en la respuesta internacional. Especialmente, cuando estados como China o Rusia intentan apuntalar un régimen sanguinario como el que ha tomado por la fuerza el control de más de 54 millones de ciudadanos en Birmania.
