Un deber intrínseco a la labor de la educación es, sin duda, la protección del menor. Este deber nos lleva a garantizar los derechos fundamentales de la infancia y adolescencia, a proteger su integridad física, psíquica, psicológica y moral, y a protegerlos frente a cualquier forma de violencia. Para ello es imprescindible preparar y diseñar un contexto alrededor del menor que asegure el libre desarrollo de su personalidad y ponga sus intereses en el centro de nuestra labor.
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Para lograr esta protección efectiva, cada entidad desde su identidad debe ir desarrollando ese contexto que propicie la citada protección. Desde La Salle hemos venido identificando algunas claves de actuación que nos van ayudando a desarrollar ese contexto que facilita un entorno seguro.
De esas claves que vamos descubriendo, me gustaría mencionar especialmente dos: la existencia de protocolos claros de actuación y la formación constante de los educadores.
Los principios básicos, recogidos normalmente en un código ético, deben poder concretarse en actuaciones, actitudes, medidas concretas a desarrollar en el día a día. En nuestro caso, esto se lleva a cabo, fundamentalmente, a través de una serie de protocolos y criterios de actuación ante situaciones concretas.
Estos protocolos son de dos tipos: protocolos de actuación ante situaciones que potencialmente pudieran derivar en una desprotección del menor o en una vulneración de sus derechos, y protocolos de actuación ante hechos que ya hayan derivado en el presente o en el pasado en una vulneración de derechos del menor. Los primeros buscan evitar y prevenir situaciones de desprotección. Los segundos, tienen por objeto reparar el daño causado.
Los protocolos nos ayudan a abrir los ojos ante realidades que quizás no habíamos sido capaces de ver y a actuar con prontitud y celeridad.
Un compromiso real y explícito
Estos protocolos deben ser conocidos, asumidos e interiorizados por todas las personas de la entidad. De ahí deriva el segundo de los elementos que me gustaría destacar: la formación. Es necesario que la formación en torno a la protección del menor se abra paso en nuestras agendas. Las nuevas formas de abuso, las nuevas realidades sociales y familiares y los cambios en nuestra sociedad obligan a una constante actualización en todos los ámbitos.
Para ello desarrollamos sesiones periódicas de formación sobre aspectos concretos que inciden en la protección del menor. Es muy interesante y valorada por los propios educadores, por ejemplo, la formación sobre aspectos legales del derecho de familia (patria potestad, custodia…), protección de datos de carácter personal, seguridad informática y, sobre todo, en la actualidad, la formación propia en el contenido de la ley orgánica de protección integral a la infancia.
Las necesidades en este ámbito en cada momento pueden ser variables, las medidas que cada entidad adopte pueden ser unas u otras, pero lo que es un deber inexcusable de todo educador es su compromiso por la defensa de los derechos del menor. Hagamos entre todos que esto no sea una moda, sino un compromiso real y explícito.
