Cuando en 2013 comenzamos a estudiar la victimización por abusos sexuales en la Iglesia católica española, en el ámbito académico, lo hicimos empujados por el reflejo de nosotros mismos que nos ofrecían nuestros colegas extranjeros, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Ese reflejo se iba haciendo cada vez más oscuro por el silencio de las instituciones afectadas.
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- OPINION: Hambre y sed de justicia. Por Luis Alfonso Zamorano
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- EDITORIAL: Bienaventuradas las víctimas
- A FONDO: Fernando García Salmones: el despertar de una víctima de abusos
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Aunque entonces contamos con una carta de apoyo del nuncio, muy pocos tribunales eclesiásticos nos respondieron y los que lo hicieron aludían a la ausencia de casos o al secreto de los archivos. Meses más tarde, la respuesta de las órdenes religiosas fue similar. En 2014, el entonces presidente de la Sociedad Mundial de Victimología, el profesor Marc Groenhuijsen, presentó al papa Francisco las conclusiones de un seminario internacional en la materia, celebrado esa primavera en España.
Al año siguiente, en la Universidad del País Vasco, se organizó un Curso de Verano con el testimonio de algunas víctimas y la participación de colegas extranjeros, quienes se centraron en las posibilidades de la justicia restaurativa. Aunque invitados, no acudió nadie del ámbito de la Iglesia más cercana.
Óptica victimológica
Cabe indicar que en los estudios desarrollados en el Instituto Vasco de Criminología se ha optado siempre por una óptica victimológica, desde un concepto de víctima más allá de lo patológico, identitario, antagonista o esencialista. No es que no nos interesara la prevalencia del abuso en términos cuantitativos, sino que cada víctima ofrecía una historia única de victimización primaria y secundaria que merecía la pena ser oída para entender cuán torpes somos los demás ante el sufrimiento humano, incluso si, como en la Universidad, nos declaramos expertos en el mismo o proclamamos nuestro compromiso con los derechos humanos.
En la búsqueda de sus testimonios, en nuestros estudios nos encontramos con personas sufrientes, hombres y mujeres, muy generosas y valientes. Sus pensamientos, emociones y expectativas han cambiado desde que entramos en contacto con algunas de ellas, pioneras en tantas cosas, a un alto coste personal, familiar y social.
La posibilidad de colaborar con ellas a lo largo de los años, gracias a un proyecto coordinado financiado por el Ministerio de Economía, iniciado en 2018, nos permite sintetizar cuáles son algunas de sus expectativas de cara a una comisión de investigación en España, cuyo funcionamiento debería garantizar su independencia y profesionalidad, incluyendo un trato personalizado y adaptado a las circunstancias, siguiendo los mejores estándares internacionales en el trato con víctimas.
Esas expectativas pueden leerse como necesidades, recogidas en forma de derechos en la normativa internacional y estatal: necesidad de seguridad y bienestar; de control y autonomía (información, participación y opción); de reconocimiento y resignificación (de la injusticia y de la condición de víctima, en su caso para pasar a la condición de superviviente o simplemente de ciudadano en el mejor de los sentidos); de aceptación social, solidaridad y respeto; así como de verdad, justicia (en la forma de asunción pública de responsabilidades) y reparación.
Entre los mejores estándares victimológicos se encuentra el in dubio pro victima, explicado por el fundador del Instituto Vasco de Criminología, el profesor y sacerdote Antonio Beristain, como el trato siempre correcto a las víctimas, sin perjuicio del respeto al bien común de la presunción de inocencia. Solo ese principio revolucionario de in dubio pro victima nos permitirá tratarlas sin culpabilizarlas y estigmatizarlas con esas preguntas tan equivocadas: “¿Por qué denuncias ahora?, ¿por qué no lo denunciaste antes?”. La pregunta siempre debió ser la siguiente: “¿Por qué nunca supimos apoyar a las víctimas en la revelación y denuncia de los abusos?”.
Factores de desprotección
Sabemos que existe esa necesidad de revelación, en diferentes momentos, y sabemos también que incluso los más expertos son muy torpes a la hora de escuchar y responder a la misma. Junto a las explicaciones centradas en las características personales de las víctimas (su edad y otros factores de desprotección, acentuados por abusos de poder), nos encontramos el fracaso de múltiples agentes de control informal y formal: desde los compañeros y grupos de iguales, aunque siempre hubo justos que supieron acompañar y ayudar sin juzgar; la familia; o al contexto religioso que generó un trauma por traición institucional y espiritual, acentuando un vínculo traumático de confusión entre delito y pecado, entre perdón y reparación o entre quién debía ser considerado más que otro hijo o hermano, dentro de círculos de blanqueamiento reputacional.
Asimismo, fallaron los contextos de protección institucionales estatales, dentro de tabúes culturales, dinámicas de poder y falta de medios y formación de los profesionales, desde personal sanitario, médicos, policías, fiscales y jueces. Fallaron finalmente los medios de comunicación social y la propia Universidad que solo muy recientemente se interesaron por lo que acertadamente ha sido descrito como un secreto a voces.
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