En Chile, una amplia mayoría optó plebiscitariamente por cambiar la Constitución actual, cuyo origen se remonta a la dictadura de Pinochet, aunque tuvo importantes modificaciones en democracia, sin poder superar el aura de ilegitimidad que arrastraba.
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El primer gran desafío del proceso que se inicia es la elección de los 155 miembros de la Convención Constituyente en medio de un rebrote de la pandemia de coronavirus y de un ambiente político extremadamente crispado, que dificultará los acuerdos requeridos para aprobar el nuevo proyecto.
Después de resolver cuestiones procedimentales, la Convención tendrá que comenzar por definir los derechos fundamentales que deben ser garantizados constitucionalmente. Cabe esperar fuertes discrepancias sobre los alcances del derecho a la vida y de derechos sociales como salud, vivienda, educación y pensiones.
Al respecto será necesario distinguir lo que corresponde incorporar propiamente al texto constitucional más permanente y lo que debe ser dejado a las leyes o a los programas políticos de menor duración.
Dilucidar aspectos cruciales
Otro aspecto crucial se refiere a las atribuciones y límites de organismos autónomos como la Contraloría, el Banco Central o el Tribunal Constitucional.
Por un lado, parece necesario asegurar su independencia para asegurar estabilidad, evitando a la vez un poder excesivo del Estado, pero por otro lado se argumenta que estos organismos deberían ser capaces de responder de sus decisiones a la ciudadanía y sus representantes para evitar disgregación institucional.
Con toda seguridad habrá una disputa sobre el sentido del principio de subsidiaridad. La enseñanza social de la Iglesia lo propone en función del principio de solidaridad, pero la forma como se ha venido interpretando últimamente la subsidiariedad apunta más bien a la máxima reducción posible de las potestades del Estado.
Esto sin considerar suficientemente aquellos aspectos redistributivos y solidarios que los privados no asumen adecuadamente, pero sin los cuales la cohesión social se ve seriamente vulnerada, como lo ha evidenciado la revuelta social de octubre de 2019.
Organización política del país
En lo que concierne a la organización política del país, será tema de controversia el régimen presidencial actual, considerado por muchos como excesivo, y que en el último tiempo ha sido desbordado por una especie de parlamentarismo de facto.
También será debatida la organización territorial marcadamente centralista, y en consecuencia la posibilidad de dar mayor autonomía y atribuciones a las regiones.
La misma composición de la Convención Constituyente, que contará con dos notables innovaciones, como son la paridad de género y la representación de los pueblos originarios, es un claro anticipo de la importancia que tendrá la discusión sobre la forma de asegurar la equidad de género y el posible reconocimiento constitucional de la multiculturalidad nacional.
Finalmente, cabe subrayar que una constitución no surge del mero agregado de individuos que, de pronto, por la razón que sea, deciden acordar desde cero el marco normativo básico de su convivencia social.
Para una constitución política bien lograda se requiere que ya se haya constituido históricamente un pueblo con la disposición a participar en el establecimiento de ese marco normativo y que, más allá de legítimas divergencias y tensiones, sea capaz de actuar con la amistad cívica que posibilita un diálogo honesto y fructífero en un ambiente de buena voluntad. Que así sea.
Escrito por Luis Mariano de la Maza, miembro de la Academia de Líderes Católicos, profesor titular de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile
