FRANCISCO VÁZQUEZ Y VÁZQUEZ | Embajador de España
El cardenal don Antonio Cañizares, actual arzobispo de Valencia, ha sido múltiples veces merecedor del reconocimiento y agradecimiento de los católicos españoles por la oportunidad, claridad y valentía de sus tomas de posición ante muchas de las situaciones conflictivas o confusas por las que ha atravesado en estos últimos años no solo la Iglesia, sino también la sociedad española.
Don Antonio ha sido siempre un pastor que no ha rehuido la principal de sus obligaciones, que no es otra que la de impartir magisterio a los fieles, estableciendo a la luz de la doctrina los criterios o las orientaciones de la Iglesia católica ante los problemas o incertidumbres que aquejan el devenir de la humanidad. 
En la memoria de todos están sus escritos, homilías y declaraciones sobre la unidad de España, la condena del terrorismo, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos o la defensa de la vigente Constitución y los valores democráticos en ella contenidos, tan solo por citar algunas de sus manifestaciones y testimonios más significativos.
A ello se une otra faceta de su personalidad más desconocida por el gran público, como es la de su talante negociador y conciliador que tantos frutos ha rendido en la mejora de las relaciones Iglesia-Estado, incluso en etapas plenas de conflictividad.
No falto a ningún deber de sigilo y discreción como me impone mi condición de alto representante del Estado, al revelar cómo el cardenal Cañizares ha sido el protagonista determinante en los principales acuerdos logrados por la Conferencia Episcopal Española con el entonces gobierno socialista de España, encabezado por Rodríguez Zapatero.
Lo cierto es que, una vez más, los católicos debemos agradecerle que no caiga en el falso recurso del silencio, aunque esta vez considero que el reconocimiento le es debido por la totalidad de la sociedad española, creyentes y no creyentes, ya que la desmesurada reacción de las autoridades autonómicas y municipales valencianas ha puesto en evidencia su intolerancia y su clara singladura totalitaria, incomprensible, por cierto, en alguno de los partidos que integran la coalición gobernante.
El motivo principal de este artículo es reflejar mi sorpresa (y mi disgusto) por que no se haya puesto en evidencia la verdadera y muy preocupante gravedad en la conducta seguida por las instituciones públicas valencianas en contra del cardenal, que no tiene más lectura que constatar que le han negado su derecho a defender y exponer sus creencias.
El cardenal ha sido estigmatizado por decir verdades como puños. Hay grupos de presión que impulsan desde organismos internacionales políticas de natalidad y familiares contrarias a la moral cristiana. Hay colectivos nacionales que pretenden que se considere delito defender modelos alternativos de sexualidad o de paternidad diferentes a los que ellos propugnan. Todo cierto.
Los católicos no excluimos ni condenamos formas y estilos de vida opuestos a los que defiende nuestra doctrina. Sencillamente, propugnamos y defendemos nuestro modelo de familia; en él educamos a nuestros hijos y objetamos en conciencia que se nos intente imponer legalmente un modelo desacorde con nuestras creencias.
Si en la España de hoy se considera un delito ser consecuentes con nuestra propia conciencia, ejercer el derecho de intentar cambiar democráticamente las leyes que consideramos injustas o, sencillamente, exponer públicamente nuestras ideas, tal como hizo el cardenal Cañizares, en ese caso quiero decir públicamente que yo también soy, como él, un delincuente.
En el nº 2.996 de Vida Nueva
