Vayamos directamente al grano y digámoslo claro: no existen puntos, ni oscuros ni siquiera interpretativos, en determinar el estatus jurídico o cuál es la legislación aplicable en el interesadamente liado asunto del Valle de los Caídos. Se conoce perfectamente su condición de basílica menor conforme a la carta apostólica ‘Salutiferae Crucis’, promulgada por san Juan XXIII, el 7 de abril de 1960.
Un decreto de fecha 29 de mayo de 1958 regula la presencia y funciones de los monjes benedictinos, dependientes, según su Regla, de la congregación francesa de la abadía de Solesmes. Por cierto, su principal obligación es la de “rezar por la nación española”. De todos es sabido que los vigentes Acuerdos con la Santa Sede de 1978 establecen la inmunidad del suelo sagrado, siendo consiguientemente inviolable la basílica, que depende exclusivamente de la autoridad del abad del Valle de los Caídos y de su superior, el abad de Solesmes.
Hasta incluso en la Ley de Memoria Histórica, un artículo específico, el 16, regulaba la normativa aplicable al Valle de los Caídos, redacción fruto de la negociación entre los entonces cardenales de Madrid y vicepresidente del Gobierno, don Antonio María Rouco y doña María Teresa Fernández de la Vega, asunto en el que informé, por mi condición de embajador cerca de la Santa Sede.
Ahondan en la división
Pero es que, a mayores, existe un magnífico informe elaborado el 29 de noviembre de 2011 por una Comisión de expertos, plural políticamente, con un detallado resumen legislativo y competencial que deja perfectamente clarificado cuál debe ser la función del conjunto monumental y razona diversas soluciones alternativas a la presencia de la tumba del General Francisco Franco.
De lo antedicho podría resultar evidente una gran torpeza en los pasos dados por el Gobierno, ya que en una negociación previa y reservada con la familia Martínez Bordiú-Franco, habría resuelto el problema del enterramiento definitivo del dictador, salvando todas las dificultades jurídicas que, aparentemente, surgen de manera continua.
Pero no nos engañemos. El auténtico trasfondo del contencioso existente sobre la exhumación de los restos de Franco, no es otro que la ruptura definitiva con el proceso de reconciliación nacional acordado en la transición democrática que puso fin al régimen franquista. Y, colateralmente, la intencionalidad política del Gobierno con sus aparentes contradicciones busca situar a la Iglesia católica en una incómoda corresponsabilidad, que le permita acusarla de complicidad con la larga dictadura, para así tenerla en una posición de debilidad a la hora de negociar las drásticas reformas educativas y fiscales que se anuncian como previas a la promulgación de una nueva Ley de libertad religiosa y la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede.
Y esto es lo que hay. Se ahonda más en la división entre los españoles. Se distrae la atención de los verdaderos problemas de la sociedad española y, de propina, se obliga a la Iglesia a negociar en inferioridad, al involucrarla en un problema del que es totalmente ajena. Sea el Valle de los Caídos lo contrario para lo que fue erigido. Sin vencedores ni vencidos, sirva como lugar de memoria y de reconciliación, en la firme voluntad de evitar el resurgimiento que algunos buscan de las dos Españas, que ochenta años después del fin de la guerra civil, vuelve a amenazarnos con helarnos el corazón.
